El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, eliminará una política que obligaba a las autoridades migratorias a registrar e investigar las muertes de migrantes ocurridas durante los 30 días posteriores a su liberación de centros de detención, una medida que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
La disposición había sido implementada en 2021 durante la administración de Joe Biden y exigía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportar estos fallecimientos al Congreso e indagar sus posibles causas.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la decisión responde a que las personas liberadas ya no se encuentran bajo custodia del Gobierno federal. Un portavoz de la dependencia sostuvo que no corresponde a las autoridades migratorias monitorear el estado de salud o bienestar de quienes han abandonado los centros de detención.
Sin embargo, la medida llega en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones dentro de las instalaciones del ICE. Organizaciones civiles han denunciado problemas de hacinamiento, retrasos en la atención médica y deficiencias en la supervisión de los detenidos.
Las cifras reflejan un escenario preocupante: durante 2025 se registraron 32 muertes bajo custodia del ICE, la cifra más alta en más de dos décadas. En lo que va de 2026 ya se han documentado al menos 18 fallecimientos, lo que podría llevar a superar el récord del año anterior.
Además, un estudio publicado por el Journal of the American Medical Association señala que el aumento en la mortalidad coincide con la expansión de la capacidad de detención y la reducción de mecanismos de supervisión, factores que podrían estar relacionados con una atención médica insuficiente.
Entre los casos que han alimentado el debate destaca el de Irvin Cruz-Nape, un hombre de 44 años que murió en California poco después de haber sido liberado. Sus familiares denunciaron que durante su estancia en el centro de detención de Adelanto Detention Center reportó dolores en el pecho y síntomas compatibles con un problema cardíaco, sin recibir atención médica adecuada.
La eliminación de esta política ha sido interpretada por grupos promigrantes como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre las condiciones que enfrentan las personas migrantes dentro y fuera de los centros de detención estadounidenses.
