Durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado se incrementaron los mandamientos judiciales cumplimentados, crecieron los mecanismos digitales de denuncia y el índice de impunidad reportado se ubicó por debajo de la media nacional.
Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2026.- Los resultados registrados en materia de procuración de justicia durante la gestión de Carlos Torres Piña al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) muestran cambios en distintos indicadores, pese a las críticas que han buscado señalar que durante ese periodo no hubo modificaciones relevantes dentro de la institución.
Uno de los principales datos corresponde a la capacidad de investigación y cumplimiento de órdenes judiciales. Entre julio de 2024 y mayo de 2025 fueron cumplimentados 212 mandamientos judiciales sin detenido previo; mientras que entre julio de 2025 y mayo de 2026 la cifra aumentó a 477, lo que representa un crecimiento cercano al 125 por ciento.
El cumplimiento de un mandamiento judicial implica un proceso que va desde la integración de una carpeta de investigación y la obtención de la autorización de un juez, hasta la localización y detención del probable responsable, por lo que el indicador representa uno de los elementos para medir la capacidad operativa de una Fiscalía.
A la par, la institución modificó los mecanismos para facilitar la presentación de denuncias. En marzo de 2026, la FGE informó que la plataforma Denuncia en Línea 2.0 concentraba alrededor del 30 por ciento de las denuncias recibidas.
El crecimiento de las denuncias, sin embargo, no necesariamente significa un aumento en la incidencia delictiva. También puede reflejar una mayor disposición de las víctimas para acudir ante la autoridad, particularmente cuando existen mecanismos que reducen la necesidad de acudir físicamente a una agencia del Ministerio Público.
Durante ese periodo, la Fiscalía trabajó con municipios, organizaciones empresariales y distintos sectores de la sociedad para ampliar los canales de denuncia y reducir la llamada cifra negra, es decir, aquellos delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades.
Baja percepción de inseguridad en ciudades michoacanas
Otro de los indicadores que permite dimensionar el contexto de seguridad es la percepción ciudadana.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en Morelia el porcentaje de población que manifestó sentirse insegura pasó de 79.2 por ciento en marzo de 2025 a 66.1 por ciento en marzo de 2026.
En Lázaro Cárdenas, el indicador pasó de 40.3 a 34.9 por ciento, mientras que en Uruapan disminuyó de 88.7 a 86.7 por ciento.
Si bien estos resultados no pueden atribuirse exclusivamente al trabajo de la Fiscalía, debido a que la percepción de inseguridad está relacionada con múltiples factores —como homicidios, robos, extorsiones, presencia policial y experiencias personales—, sí muestran una disminución en el indicador durante el periodo analizado.
Fiscalía, parte de la estrategia de seguridad
Los resultados del Plan Michoacán también requieren considerar la coordinación entre las instituciones estatales y federales.
La estrategia de seguridad involucra al Gobierno de México, al Gobierno de Michoacán, fuerzas federales y corporaciones estatales, pero la Fiscalía tiene una función específica: convertir la información y las operaciones de seguridad en investigaciones y procesos judiciales.
Durante la gestión de Torres Piña se reportaron cambios en la estructura institucional, fortalecimiento de áreas de investigación, movimientos de personal y nuevas herramientas tecnológicas.
Dentro de los resultados reportados se encuentran 85 carpetas de alto impacto que derivaron en 154 personas detenidas, además de acciones dirigidas contra estructuras relacionadas con delitos como la extorsión.
Impunidad, por debajo de la media nacional
Uno de los indicadores más relevantes corresponde al índice de impunidad.
En junio de 2026, la Fiscalía reportó un índice de impunidad de 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento.
Aunque el porcentaje estatal todavía representa un reto importante y está lejos de significar que el problema haya sido resuelto, la diferencia de más de 20 puntos porcentuales respecto al promedio nacional coloca a Michoacán en una posición distinta a la que reflejaría la idea de una institución sin cambios.
El desempeño de una Fiscalía no puede medirse únicamente por el número de detenciones. También deben considerarse la integración de investigaciones, el cumplimiento de órdenes judiciales, la judicialización de casos, la reducción de la impunidad y la reparación del daño a las víctimas.
Una evaluación con claroscuros
Los datos tampoco permiten afirmar que los problemas de procuración de justicia hayan desaparecido. Persisten altos niveles de cifra negra, investigaciones complejas, delitos con elevados índices de impunidad y víctimas que continúan esperando justicia.
Sin embargo, los indicadores disponibles muestran modificaciones durante la gestión de Carlos Torres Piña: aumentó el número de mandamientos judiciales cumplimentados, se ampliaron los mecanismos para presentar denuncias, disminuyó el índice de impunidad reportado y mejoró la percepción de seguridad en varias de las principales ciudades del estado.
La gestión puede ser objeto de críticas y evaluación, pero los datos dificultan sostener que durante ese periodo “no pasó nada” dentro de la Fiscalía. La discusión sobre sus resultados requiere considerar tanto los avances como los pendientes y, sobre todo, contrastar las posiciones políticas con los indicadores disponibles.
