Reflexiones sobre la infancia y la adolescencia
Los derechos de la niñez no admiten marcha atrás
Por Daniela de los Santos
Hay una palabra que pocas veces escuchamos fuera del ámbito jurídico, pero que debería formar parte de todas las conversaciones sobre la infancia: progresividad.
Suena compleja, pero en realidad significa algo muy sencillo: los derechos que las niñas, niños y adolescentes han conquistado no pueden retroceder.
Cada derecho reconocido, cada programa que mejora su calidad de vida, cada política pública que fortalece su desarrollo y cada acción que amplía sus oportunidades representa un paso adelante como sociedad. Y una vez dado ese paso, no deberíamos volver atrás.
Este principio, reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, obliga a todas las autoridades a avanzar constantemente en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando una política pública ha demostrado generar bienestar, el compromiso del Estado no debe ser eliminarla, sino fortalecerla, corregir aquello que no funcione y garantizar que sus beneficios lleguen a quienes más los necesitan.
Un ejemplo claro son las Escuelas de Tiempo Completo.
Más allá de cualquier debate político, es innegable que este programa representa para miles de niñas y niños mucho más que permanecer unas horas adicionales en la escuela. Significa la oportunidad de recibir al menos un alimento completo al día, participar en actividades deportivas, culturales y académicas que enriquecen su formación, y permitir que sus madres y padres puedan cumplir con una jornada laboral con la tranquilidad de saber que sus hijas e hijos permanecen en un espacio seguro.
Cuando surgieron cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos, la solución nunca debió ser que las niñas y los niños perdieran un beneficio que impacta directamente en su desarrollo. Si existen irregularidades, corresponde investigarlas y sancionar a quienes resulten responsables; los derechos de la infancia no pueden depender de los errores o actos de corrupción de los adultos.
Por ello, es justo reconocer la sensibilidad y el compromiso de los gobiernos que decidieron mantener este programa, aun cuando ello implicara realizar un importante esfuerzo presupuestal. En Michoacán, por ejemplo, se optó por darle continuidad, entendiendo que detrás de cada peso invertido existen niñas y niños que encuentran en la escuela alimentación, aprendizaje, protección y mayores oportunidades para desarrollarse plenamente.
Ese es el verdadero sentido de la progresividad de los derechos: cuando una política pública demuestra que mejora la vida de las niñas, niños y adolescentes, el reto debe ser fortalecerla, perfeccionarla y hacerla llegar a más personas, nunca retroceder en lo ya conquistado.
Este principio adquiere todavía mayor relevancia cuando hablamos de las niñas, niños y adolescentes que viven bajo el cuidado del Estado, en un Centro de Asistencia Social. Ellas y ellos dependen por completo de las decisiones que tomamos como instituciones y como sociedad. Cada avance en la calidad de la atención que reciben, en su acceso a la educación, a la salud, al acompañamiento emocional, al deporte, a la cultura o a la posibilidad de crecer en una familia mediante el acogimiento familiar o la adopción, representa un derecho que no puede retroceder.
No podemos permitir que las condiciones de vida de quienes ya enfrentan las mayores adversidades dependan de cambios administrativos, presupuestales o de la voluntad del gobierno en turno. Cuando se trata de la infancia, especialmente de aquella que no tiene una familia que pueda defender sus derechos todos los días, el Estado tiene una responsabilidad aún mayor: garantizar que cada avance se conserve y que cada nueva decisión amplíe sus oportunidades, nunca las reduzca.
Porque los derechos de las niñas, niños y adolescentes no pertenecen a un gobierno, pertenecen a ellas y ellos. Nuestra responsabilidad como sociedad es asegurarnos de que cada generación reciba más protección, más oportunidades y más derechos que la anterior.
La progresividad no es un concepto jurídico reservado para los especialistas; es el compromiso de construir un país donde la infancia siempre avance y jamás tenga que dar un paso atrás.
