Reflexiones sobre la infancia y la adolescencia
Daniela de los Santos
Saberlo también protege
En noviembre de 2024, Michoacán dio un paso histórico en la protección de niñas, niños y adolescentes: se incrementaron considerablemente las penas por el delito de abuso sexual cometido en su contra, estableciendo sanciones de 9 a 20 años de prisión.
Esta reforma representa, sin duda, uno de los mayores legados de la 75 Legislatura en favor del derecho de acceso a la justicia de la niñez y la adolescencia. Reconocerlo es importante, porque las leyes también son una expresión de aquello que una sociedad está dispuesta —o no— a tolerar.
En lo personal, esta reforma representa también un gran logro. Tuve el honor de formar parte de la 75 Legislatura y, como integrante de la Comisión de Justicia, me correspondió participar directamente en su análisis y dictaminación. Por eso conozco la trascendencia de lo que aprobamos y la responsabilidad que implica lograr que ahora se conozca, se aplique y cumpla su propósito: proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, garantizarles el acceso a la justicia y enviar un mensaje contundente a quienes pretendan vulnerarlos.
Haber aprobado esta reforma fue un paso fundamental; sin embargo, el trabajo no terminó con su publicación. Hoy, desde SIPINNA Michoacán, me corresponde contribuir a que cada familia conozca sus alcances, sepa cómo actuar ante una sospecha y tenga la certeza de que existen instituciones para orientarla y acompañarla.
El mensaje debe ser firme y llegar a todos los rincones del estado: en Michoacán, el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes se castiga severamente.
Sin embargo, una reforma no cumple plenamente su propósito mientras la ciudadanía no la conozca. Por eso es indispensable difundirla: para que quienes pudieran cometer este delito sepan que enfrentarán consecuencias graves; para que las familias conozcan que existen instituciones obligadas a actuar, y para que ninguna persona permanezca en silencio por desconocimiento, temor o por no saber a dónde acudir.
Esta reforma también establece que el abuso sexual contra personas menores de 18 años se persigue de oficio.Esto significa que, cuando la autoridad tiene conocimiento de un posible caso, debe investigarlo sin depender únicamente de que la víctima o su familia impulsen el procedimiento. Es una decisión especialmente relevante porque, en muchas ocasiones, las niñas, niños y adolescentes tienen miedo, son amenazados, no comprenden lo que sucede o dependen emocional y económicamente de la persona agresora.
Por ello, la responsabilidad de protegerlos recae en todas y todos.
Si una niña, niño o adolescente nos cuenta algo, debemos escucharle con calma, creerle y evitar interrogarle repetidamente. Nunca debemos culparle ni confrontar directamente a la posible persona agresora si eso puede ponerle en mayor riesgo. Nuestra responsabilidad es buscar ayuda inmediatamente y permitir que las autoridades especializadas realicen la investigación.
No necesitamos tener todas las pruebas para informar a la autoridad. Si conocemos o sospechamos que puede existir un caso de abuso, podemos acudir a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que cuenta con un sistema de Denuncia Digital. Cuando se quiera proporcionar información de manera anónima, también puede utilizarse el número 089.
Otra opción es acercarse al Sistema DIF Michoacán, por medio de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia facultada para intervenir cuando sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados.
Asimismo, en SIPINNA Michoacán estamos para orientar, apoyar y acompañar a las personas durante este proceso, facilitando la coordinación con las autoridades competentes. Nadie debería sentirse solo al momento de defender los derechos de una niña, un niño o un adolescente.
Cuando exista un peligro inmediato, se debe llamar al 911.
Aumentar las penas es una medida necesaria, pero la ley debe ir acompañada de prevención, información, educación, instituciones sensibles y una sociedad dispuesta a romper el silencio. La responsabilidad no puede recaer en las niñas, niños y adolescentes: corresponde a las personas adultas crear ambientes seguros, estar atentas a cualquier señal y actuar ante una sospecha.
Difundir esta reforma también es prevenir. Conocer las consecuencias puede inhibir a posibles agresores; conocer las rutas de atención puede ayudar a detener una situación de violencia, y saber que existen instituciones que acompañan puede darle a una familia la fuerza necesaria para pedir ayuda.
La 75 Legislatura dejó una herramienta jurídica trascendental. Haber participado en su construcción es motivo de satisfacción, pero también representa un compromiso que continúa. Ahora nos corresponde lograr que se conozca y se aplique, porque detrás de cada denuncia atendida oportunamente puede haber una infancia protegida, una agresión detenida y una vida que comienza a recuperar la confianza.
No guardemos silencio. Escuchemos, creamos, protejamos y denunciemos. Porque la justicia también comienza cuando una persona adulta decide actuar y porque las niñas, niños y adolescentes siempre son primero.
